‘Por allá sí voy’: el proyecto de ley que busca legalizar los viajes por aplicaciones y cambiar las reglas de los taxis en Colombia
Los congresistas Daniel Briceño, Mauricio Toro, María Lucía Villalba y Cathy Juvinao acaban de radicar la iniciativa, que contempla un registro nacional de conductores y vehículos, seguros obligatorios y cambios en las tarifas del servicio de taxi.
Un nuevo intento por establecer reglas para el transporte solicitado mediante plataformas digitales llegó al Congreso de la República. Se trata del proyecto de ley denominado ‘Por allá sí voy’, que acaba de ser radicado por los congresistas Daniel Briceño, Mauricio Toro, María Lucía Villalba y Cathy Juvinao.
La iniciativa busca reconocer legalmente los viajes realizados en vehículos particulares a través de aplicaciones y, al mismo tiempo, modificar algunas de las condiciones de operación del servicio público de taxi.
La propuesta pretende establecer un marco normativo para una actividad que involucra a conductores, pasajeros, empresas tecnológicas y transportadores tradicionales, mediante reglas sobre registro, seguridad, transparencia y funcionamiento del servicio.
A diferencia de las iniciativas centradas exclusivamente en restringir las aplicaciones, el proyecto plantea regular su operación y definir las obligaciones que deberán cumplir los diferentes actores del sector. También propone cambios para el gremio de los taxistas, con el objetivo de adaptar el servicio a las nuevas dinámicas de movilidad.
¿Qué cambiaría para los conductores de aplicaciones?
Uno de los principales componentes de la iniciativa es el reconocimiento legal de los viajes intermediados por plataformas digitales, como Uber, DiDi e InDrive.
El proyecto permitiría que los conductores presten estos servicios en vehículos particulares sin necesidad de cambiar sus placas, siempre que cumplan las condiciones técnicas, de seguridad y aseguramiento que se establezcan en la reglamentación.
Para organizar esta actividad, se propone crear un registro nacional vinculado al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en el que deberán inscribirse las plataformas, sus operadores, los conductores y los vehículos vinculados a la prestación del servicio.
La intención es que la actividad tenga reglas identificables y mecanismos de control, en lugar de permanecer en un escenario de incertidumbre normativa.
Seguros, seguridad y transparencia en los viajes
La propuesta establece obligaciones para las empresas que intermedian los servicios de transporte mediante aplicaciones.
Entre ellas figura la contratación de pólizas de responsabilidad civil que cubran a los pasajeros y a terceros. Asimismo, plantea que las plataformas dispongan de mecanismos de emergencia y entreguen información transparente sobre los precios cobrados y las comisiones que descuentan a los conductores.
Otro componente está relacionado con la protección de quienes trabajan mediante estas herramientas digitales. El proyecto propone verificar los aportes de los conductores independientes al sistema de seguridad social.
También contempla que las decisiones de suspensión o desactivación de cuentas puedan someterse a una revisión humana, con el propósito de evitar que este tipo de decisiones dependa exclusivamente de procesos automatizados.
¿Qué propone para los taxistas?
El proyecto no se limita a regular los vehículos particulares. También plantea modificaciones al funcionamiento del servicio público de taxi.
Uno de los cambios propuestos es permitir tarifas dinámicas para los taxis que operen mediante aplicaciones, una modalidad que ajusta los precios de acuerdo con las condiciones de la oferta y la demanda, conforme a las reglas que se establezcan.
La iniciativa también propone desmontar gradualmente el sistema de negociación de cupos, un mecanismo que históricamente ha condicionado la entrada de vehículos al servicio público de taxi y que representa un componente económico importante para algunos propietarios.
Estas medidas apuntan a modificar las condiciones de competencia entre el transporte tradicional y los servicios solicitados por medios digitales.
Una contribución del 1,5 % por cada viaje
Otro de los puntos centrales es la creación de una contribución económica a cargo de las plataformas digitales.
La propuesta contempla un aporte equivalente al 1,5 % de los ingresos netos de cada viaje, destinado a financiar programas relacionados con la formación de conductores, vivienda, salud, mantenimiento vial y sustitución de vehículos de tracción animal.
El proyecto busca que parte de los recursos generados por esta actividad contribuya a financiar programas relacionados con el sector y con las necesidades sociales contempladas en la iniciativa.
¿Cuál es el fin del proyecto?
El objetivo es establecer reglas para una actividad que ha generado discusiones sobre su legalidad, las condiciones laborales de los conductores, la seguridad de los pasajeros y la competencia con el servicio tradicional de taxi.
Sus promotores proponen un modelo en el que las plataformas puedan operar bajo condiciones definidas, los usuarios tengan mayores garantías y los conductores cuenten con reglas claras para desarrollar su actividad.
Al mismo tiempo, los cambios planteados para los taxis buscan adaptar ese servicio a las nuevas modalidades de contratación digital.
¿Cuándo entraría en vigencia?
El proyecto contempla un periodo de transición de doce meses a partir de la expedición de su reglamentación.
Sin embargo, ‘Por allá sí voy’ todavía no es una ley vigente. La radicación marca el comienzo de su trámite legislativo y sus disposiciones podrían modificarse durante los debates en el Congreso.
Para entrar en vigor, la iniciativa deberá superar las etapas legislativas correspondientes, convertirse en ley y cumplir las condiciones previstas para su implementación.
Su discusión será determinante para definir cómo se relacionarán en adelante el transporte tradicional y las aplicaciones digitales en Colombia, así como las condiciones bajo las cuales podrán trabajar los conductores y movilizarse los pasajeros.
