Más de 5,8 millones de fotomultas en Colombia quedarían sin validez tras investigación del Gobierno
El Gobierno nacional abrió una investigación contra 37 organismos de tránsito del país por presuntas irregularidades en la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones, conocidos como SAST.
La actuación la anunciaron el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, entidades que advirtieron posibles incumplimientos técnicos y legales en cámaras de fotodetección instaladas en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, entre otras ciudades del país.
Según las autoridades, la investigación involucra más de 7,5 millones de comparendos impuestos mediante estos sistemas tecnológicos.
El Ministerio de Transporte indicó que 5.832.906 comparendos que aún no han sido pagados deberán ser revocados de oficio por las autoridades de tránsito correspondientes. La medida podría beneficiar a más de 1,4 millones de ciudadanos.
Además, la investigación estableció que 1.582.398 fotomultas ya fueron pagadas por conductores colombianos, con recaudos superiores a $1,05 billones.
Frente a este panorama, las autoridades advirtieron que los organismos investigados podrían tener que devolver esos recursos a los ciudadanos afectados.
Entre las ciudades con mayores cifras de comparendos bajo investigación aparecen:
- Cali: 2,7 millones de comparendos.
- Medellín: más de 717.000 comparendos.
- Bogotá: cerca de 294.000 comparendos.
- Barranquilla: más de 131.000 comparendos.
La investigación también involucra organismos de tránsito de municipios como Soledad, Montería, Sincelejo, Valledupar, Sabaneta, Villavicencio y Villa del Rosario.
De acuerdo con el Gobierno nacional, las irregularidades detectadas estarían relacionadas con incumplimientos de requisitos establecidos en la Ley 2251 de 2022 y en la Resolución 718 del Ministerio de Transporte.
Uno de los principales hallazgos corresponde a la ausencia del denominado “concepto de desempeño”, expedido por el Instituto Nacional de Metrología, documento obligatorio para garantizar la confiabilidad y legalidad de las cámaras de fotodetección.
Durante la investigación, la Superintendencia identificó tres situaciones principales:
- 12 organismos de tránsito habrían iniciado operaciones sin concepto de desempeño.
- 7 entidades operaron con conceptos expedidos a terceros.
- 18 organismos obtuvieron dichos conceptos después de comenzar la operación de los sistemas.
Las autoridades consideran que estas situaciones podrían comprometer la legalidad de millones de comparendos emitidos en los últimos años.
El Gobierno aseguró que las sanciones contra los organismos investigados podrían superar los $2,1 billones, ya que la ley contempla multas equivalentes al doble de los recursos recaudados de manera presuntamente irregular.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que la actuación busca proteger el debido proceso y evitar que las fotomultas se conviertan en mecanismos de recaudo fuera de la ley.
Por su parte, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, aseguró que las medidas no buscan afectar la seguridad vial, sino garantizar que los sistemas tecnológicos operen bajo los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la normativa colombiana.
El Gobierno indicó que continuará adelantando actuaciones administrativas para verificar el cumplimiento de las normas por parte de los organismos de tránsito y de los sistemas de fotodetección en todo el país.
